
Todos somos protagonistas y contribuimos en mayor o menor medida al cambio climático. Los productos que compramos, la energía que producimos, el transporte que usamos, los residuos que generamos… Todo influye directamente en la aceleración del cambio climático.
Empresas de diferentes sectores liberan CO2 y otros gases diariamente y cuanto más dióxido de carbono hay en la atmósfera más calor se retiene. Esto provoca el denominado calentamiento global y sus distintas consecuencias como, por ejemplo, alteraciones en el clima, en la producción alimentaria, en el suministro de agua y en especial en la salud humana y de la biodiversidad.
Sin embargo, existen diversas herramientas para avanzar hacia un futuro mejor. La piedra angular para conseguir sus objetivos por parte de la Unión Europea es el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión que limita las emisiones de las instalaciones de alto consumo energético y del transporte aéreo entre países de la UE.
La UE ha establecido objetivos muy ambiciosos en la reducción de emisiones y por eso las actividades de los sectores contemplados en este mercado que emiten CO2 a la atmósfera deben pagar por ello y comprar derechos de emisión en este mercado. Esto, sin lugar a dudas, es beneficioso para el medioambiente y por ello debemos entender por qué afecta directamente a nuestra factura de la luz.
¿Qué son los derechos de emisión?
La Unión Europea siempre se ha caracterizado por ser el referente en cuestión de ambición climática, así como por sus objetivos de reducción de las emisión de gases de efecto invernadero.
El régimen europeo de comercio de derechos de emisión fue concebido como una herramienta para facilitar el cumplimiento de los compromisos contraídos por la Comunidad Europea tras la aprobación del Protocolo de Kioto (1997). Así, el 13 de octubre de 2003 se aprobó la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se estableció un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la UE. Conforme a lo establecido en esta Directiva, el 1 de enero de 2005 comenzó a funcionar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE). Actualmente, aplica al 40% de las emisiones de la Unión Europea.
El RCDE tiene un número determinado de créditos para subastar y las empresas deben disponer de los permisos suficientes para cubrir sus emisiones todos los años; generalmente los derechos acumulados sirven de un año para el siguiente.
Sin embargo, estos derechos no se reparten a todas las empresas por igual. Mientras que a los sectores industriales en riesgo severo de fuga de carbono se les asigna de forma gratuita los derechos de emisión suficientes para cubrir el 100% de sus emisiones, al resto de los sectores industriales cubren así solo un 30%. De hecho, para estos últimos está previsto que para 2030 sea un 0%, como ocurre con la generación de electricidad desde 2013.
Aproximadamente el 43% de los derechos de emisión del régimen de comercio de derechos son de asignación gratuita y el 57% restante se subastan en el mercado dónde compañías como las eléctricas acuden a comprarlos.
Asimismo, si a las compañías emisoras no les basta con los permisos que tienen, deben reducir sus emisiones o comprar más permisos a otro emisor en el mercado. Este mecanismo está consiguiendo que las empresas tomen decisiones encaminadas a reducir sus emisiones y, por tanto, acercar a la UE a un futuro más sostenible.
¿Cómo se fija el precio del CO2?
El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, la UE pretende reducir para 2030 un 55% sus emisiones con respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad carbónica en 2050. Por ello, la solución que se ha establecido es asignar un precio a las emisiones contaminantes que ayude a redirigir la inversión pública y privada hacia modelos de producción y consumo que contribuyen a descarbonizar la economía.
Beneficios de fijar el precio del carbono
Responsabiliza a los emisores

Redirige las inversiones hacia proyectos sociales y medioambientales
Incentiva las medidas de eficiencia energética y procesos más sostenibles
Fomenta la innovación y las tecnologías limpias
Ayuda a los emisores a compensar el impacto de sus emisiones
El precio lo fija el mercado con el modelo de la oferta y la demanda. El comercio de emisiones funciona con un sistema ‘Cap and Trade’. En este caso, ‘Cap’ hace referencia al límite total de las emisiones que la UE pone en circulación, que cada año va reduciendo para alcanzar el objetivo propuesto. Por su parte, ‘Trade’ hace referencia a que los derechos de emisión están sujetos a comercio.
Para entenderlo bien, un derecho de emisión equivale a una tonelada de emisión de CO2 y, actualmente, el precio del CO2 ronda los 60€/tonelada.
Evolución del precio del carbono
El precio de los derechos de emisión de CO2 ha variado de manera significativa desde su entrada en vigor en el año 2005. Hasta el 2017, el precio del carbono era realmente bajo debido principalmente a la crisis económica y a las altas importaciones de créditos internacionales que crearon un superávit de derechos de emisión que condujo a un nivel de precio bajo.
Fue la Unión Europea quien, a partir de 2014, decidió reducir los derechos en circulación, mediante medidas de choque como el denominado backloading (aplazamiento de parte de las subastas de 2014 – 2015 - 2016), y mediante medidas estructurales como la puesta en marcha de la Reserva de Estabilidad de Mercado (que establece el mecanismo de control del superávit existente y de los que se pudieran generar a futuro. Por ejemplo, del generado en 2020 como consecuencia del COVID).
La aprobación y entrada en operación en el año 2019 de esta medida supuso el inició del rally alcista en la cotización, para que el precio subiese y, de esta manera, las empresas se viesen obligadas a reducir sus emisiones. Este hecho, el Brexit y la salida de Reino Unido del Régimen de Comercio de Emisión de la UE, pero sobre todo la aprobación del incremento de la ambición por parte de la UE estableciendo un objetivo de reducción de emisiones para 2030 del 55% con respecto a 1990, y la publicación de las reformas previstas en el régimen de comercio en base a este nuevo objetivo, han derivado en un incremento muy relevante del precio del CO2.
Mientras que el precio medio anual en 2018 rondó los 15 euros, en los dos años siguientes fue de aproximadamente 25 euros. En lo acumulado del 2021, la media es de 50,15 euros, alcanzando su pico diario en el mes de noviembre (67,54 euros) y su mínimo en enero (31,17 euros).
Cómo impacta la subida de precio en la factura de la luz
La evolución del precio del carbono y, sobre todo, su incremento durante los últimos años impacta en la factura de la luz y se suma a la importante subida del precio del gas. Aunque los derechos de emisión representan un mecanismo que afecta a las finanzas de las empresas que contaminan, esta subida termina repercutiendo en la factura final de los consumidores.
Actualmente, la producción renovable no es suficiente para cubrir la gran demanda de electricidad. Por ello, es necesario seguir produciendo energía en las centrales de ciclo combinado, las cuales por ser generadores de electricidad deben adquirir derechos de CO2 en el mercado de Régimen de Comercio de Derechos de Emisión para poder emitir a la atmósfera durante su actividad. En concreto, con los actuales precios de los derechos de emisión de CO2, este repercute en el coste de producción de la electricidad en unos 20 euros/MWh.
En resumen, mientras los ciclos combinados sean quienes marquen el precio del kilovatio en la generación eléctrica, el precio del CO2 seguirá impactando en el precio de la luz. Al menos, esto sucederá en un corto o medio plazo, mientras no sea posible cubrir la mayor parte de la demanda con energías renovables y las nucleares.
Pese a que el comercio de derechos de emisión representa un mecanismo bueno para combatir el cambio climático y eficaz para descarbonizar, afecta a los costes de producción de las empresas eléctricas. Esta subida, unida al incremento del precio del gas, principal responsable de la subida del precio de la luz, termina repercutiendo en la factura de los consumidores.